Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T : AGTSYP

Este lunes, desde las 9:30, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se movilizó a la sede de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en Paseo Colón 1333, con el respaldo y acompañamiento de diversos sindicatos pertenecientes a la CTA-T, CTA-A, CATT y la CGT. En el lugar debían presentarse a la citación a declaración indagatoria los dirigentes Néstor Segovia (Secretario General), Virginia Bouvet (Secretaria de Organización) y Jorge Méndez (Subsecretario de Encuadramiento), quienes encabezan la lista de 171 trabajadores imputados en el expediente promovido por Emova, SBASE y el Gobierno de la Ciudad.

Durante la jornada, el Secretario general de la CTA-T y diputado nacional Hugo Yasky expresó su apoyo y afirmó: «Pretender judicializar una medida de fuerza con la aberración de la figura de asociación ilícita a una organización sindical es justamente lo contrario a lo que establece la Constitución. Hoy vamos a plantear en el Congreso este tema y vamos a hacer una audiencia pública convocada por los diputados del bloque de Unión por la Patria y por los de la Izquierda«. A continuación, Néstor Segovia, Secretario general de AGTSyP ratificó la postura gremial frente a la acusación y sostuvo: «Que esta fiscal no tenga duda que cada dedito que vamos a poner es redoblar la apuesta para luchar, para pelear. No nos va a disciplinar esta fiscal ni el gobierno; por eso vamos a entrar con orgullo, vamos a declarar con la frente alta y vamos a seguir peleando«.

Por su parte, la Secretaria de Organizacion Virginia Bouvet denunció el accionar judicial y señaló: «Hoy sucedió otro hecho bochornoso en la justicia: en lugar de perseguir a traficantes o evasores, siguen persiguiendo a trabajadores que legítimamente pelean por sus derechos. La fiscal macrista Celsa Ramírez pretende que los trabajadores seamos los que demos explicaciones de nuestras medidas de defensa. Hoy vinimos a hacer uso de nuestro derecho a no declarar y presentamos un escrito pidiendo el sobreseimiento«.

Finalmente, Jorge Méndez, Subsecretario de Encuadramiento, remarcó el antecedente del sector y luego agregó: «Esta fiscal es la misma que en el 2018 pretendió con la misma metodología imputarnos, procesarnos y no lo logró. Y así como en el 2018 también fracasó su intento, nuevamente vamos a demostrar que esta causa es totalmente infundada«.

En el plano legal, Nahuel Berguier, el abogado penalista del sindicato, calificó la acusación como una «payasada» y un encuadre penal insostenible sin sustento jurídico. El análisis de la defensa sostiene que existe una incompatibilidad constitucional al intentar aplicar una figura reservada para el crimen organizado sobre derechos amparados por el Artículo 14 bis y la OIT. Asimismo, cuestionaron que la fiscalía suma automáticamente al expediente cada nueva acción sindical realizada por el gremio, equiparando la actividad gremial con la pertenencia a una banda criminal. Este intento repite el antecedente de 2018, cuando la misma fiscal acusó al gremio bajo cargos similares que terminaron siendo desestimados por la Justicia por falta de tipicidad delictiva.